Por: Rafael Uzcátegui
El 9 de junio de 2011 un hecho confuso dentro de la empresa
Ferrominera terminó con el trabajador Renny Rojas asesinado de un disparo. Ese
día se elegía la Comisión Electoral que organizaría las elecciones del
sindicato SintraFerrominera. Rubén González, quien había estado preso y
enfrentaba un juicio por acompañar una huelga de trabajadores era su Secretario
General y se lanzaba a la reelección. El oficialismo quería propinarle un golpe
político derrotándolo con la candidatura del dirigente del PSUV Alfredo
Spooner, quien en ese momento contaba con el apoyo de Radwan Sabbagh,
presidente de la empresa. Durante la jornada se elegirían tres de los miembros
de la Comisión Electoral que organizaría posteriormente las elecciones. Y si
alguien tenía intenciones de manipularlas, tendría más posibilidad si
controlaba también el equipo que las promocionaría. La asistencia fue masiva,
pero durante la mañana el clima fue enturbiándose debido a la presunta votación
de personas no relacionadas con la compañía. Comenzaron los forcejeos, que
derivaron en la detonación de disparos. Varios testigos, incluyendo al propio
González, declararon que vieron a Hector Maicán, en ese momento secretario de
finanzas del sindicato y partidario de Spooner, realizar los disparos. Maicán
fue detenido y su arma fue la única que se decomisó en el momento. Sin embargo,
apenas duró 24 horas preso. Sin ningún tipo de evidencia que lo respalde, se
detuvo a la persona que después de Maicán más se parecía al retrato hablado
realizado tras la declaración de quienes estaban en el sitio: El trabajador
Rodney Antonio Álvarez Rodríguez. Hoy se encuentra, a la espera del inicio del
juicio en su contra, en la cárcel de El Rodeo.
Desde aquella jornada varias cosas han pasado. González fue
reelecto como Secretario General del sindicato y Radwan Sabbagh fue detenido
por actos de corrupción dentro de Ferrominera. Los trabajadores han incluido la
libertad de Álvarez dentro de sus consignas en las movilizaciones por
condiciones dignas y un emprendimiento político de izquierda de la zona, Núcleo
Proletario Clasista, han iniciado una
campaña para denunciar la injusticia en el caso. Yaritza Rodríguez, madre de
Rodney hizo un llamado a la progenitora del trabajador asesinado: “Luchemos
juntas para que se haga justicia. Ya que con plata ellos creen que pueden
comprar todas las conciencias. Pero el dolor de una madre nadie nos lo podrá
comprar”. Rodney es parte de las estadísticas del retardo procesal en el país:
Después de tres años aún no se inicia el juicio. Su madre denuncia maltratos
físicos por parte de los funcionarios. El 26 de agosto pasado debía realizarse
una audiencia de presentación, que fue una vez más suspendida. El Núcleo
Proletario Clasista tiene razón cuando afirma que Rodney es un ejemplo de las
irregularidades del sistema de administración de justicia y de abuso de poder,
y que su caso pudiera ser el de cualquier hijo de una familia humilde del país.
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