El 9 de junio del 2011, murió Renny Rojas en el portón de la empresa guayanesa Ferrominera del Orinoco y desde entonces, el gobierno, a través de los órganos de la administración de justicia, ha inculpado injustamente a Rodney Álvarez de este crimen. Sin una sola prueba. Álvarez tiene 5 años privado de libertad, tiempo durante el cual ha sido víctima de una serie de violaciones a sus derechos humanos. Es un rehén político.
A Rodney Álvarez no se le juzga en el marco del debido proceso. Es decir, dentro de los lapsos procesales. Al contrario, su causa expresa la más grosera dilación pues las audiencias se posponen por motivos absolutamente arbitrarios. Uno de los más recientes es la vacación de la jueza que lleva el caso en el circuito judicial penal de Caracas. Si bien los jueces tienen derechos laborales, las personas tienen derecho a acceder a una justicia oportuna y sin dilaciones. De ser absuelto Álvarez ¿quién le repone estos dolorosos 5 años preso? Nuestra administracion de justicia ¿está capacitada para reparar los daños causados? ¿Tienen nuestros jueces un actuar con perspectivas de derechos humanos?
Álvarez tenía una vida en Guayana, un trabajo y una familia, sus hijos pequeños, su madre. Toda esa vida se fue al traste cuando la administración de justicia decidió recluir a Álvarez en la cárcel de El Rodeo, ubicada en el estado Miranda, a 900 kilómetros de Puerto Ordaz. Los hijos de Rodney no pueden ver a su papá. Sencillamente no es viable económicamente y por la duración del viaje, trasladar a los niños con frecuencia, desde su residencia en Guayana hasta el lugar de reclusión de Álvarez.
